Impuesto gases fluorados: claves y efectos
Como parte de la lucha contra las emisiones contaminantes, España implementó el Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero (IGFEI). Esta medida fue establecida por la Ley 16/2013 y busca corregir el impacto ambiental que generan estos gases.
Los gases de efecto invernadero (GEI) permiten que la luz solar atraviese la atmósfera, pero retienen gran parte de la radiación infrarroja que vuelve desde la superficie terrestre. Esto genera el efecto invernadero y eleva la temperatura del planeta.
Los gases como los hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6) tienen un alto Potencial de Calentamiento Global (GWP), lo que los convierte en sustancias especialmente dañinas. A diferencia de otros, estos compuestos son de origen humano y se utilizan principalmente en la industria de la refrigeración y climatización.
Origen y evolución del impuesto gases fluorados
En España, los gases fluorados comenzaron a utilizarse en los años 90 como alternativa a los compuestos que dañaban la capa de ozono. Su consumo creció hasta 2008 y se estabilizó hasta la aprobación del IGFEI en 2013. En 2022, la normativa fue actualizada para reforzar el control de emisiones y fomentar tecnologías más sostenibles.
Estas modificaciones han sido fundamentales para reducir emisiones y posicionar el impuesto como un pilar de la fiscalidad ambiental, a pesar de las críticas de parte del sector de la refrigeración.
Regulación del IGFEI: marco legal
El Impuesto sobre Gases Fluorados es un tributo indirecto que grava el consumo en territorio español de ciertos gases fluorados y sus mezclas.
La regulación actual se basa en:
- Artículo 5 de la Ley 16/2013, sobre fiscalidad ambiental.
- Real Decreto 712/2022, que aprueba el reglamento del impuesto.
- Orden HFP/826/2022, que regula los formularios 587 y A23 para la autoliquidación y devolución del impuesto, además del registro territorial y contabilidad de existencias.
Ámbito de aplicación del impuesto
El impuesto se aplica en todo el territorio español, sin perjuicio de los regímenes forales del País Vasco y Navarra, ni de los tratados y convenios internacionales vigentes.
Incluye los gases especificados en el Anexo I del Reglamento UE 517/2014: HFC, PFC y SF6.
¿Quién debe pagar el impuesto gases fluorados?
El impuesto recae sobre cuatro actividades principales:
- Fabricación: producción de gases sujetos al tributo. No incluye reciclaje ni regeneración.
- Importación: entrada de gases desde fuera del territorio aduanero de la UE, incluyendo Canarias, Ceuta y Melilla.
- Adquisición intracomunitaria: compra desde otro Estado miembro por parte de un destinatario en la Península o Baleares.
- Tenencia irregular: posesión sin justificar el origen legal de los gases, incluso bajo vigilancia aduanera.
Críticas del sector de refrigeración
El sector de la refrigeración y climatización ha manifestado su preocupación por el impacto económico de este impuesto. Se estima un aumento de entre un 5 % y 10 % en el coste de nuevas instalaciones, afectando a la hostelería, comercios, transporte frigorífico, automoción y cadenas de frío alimentarias.
Además, el sector critica que la entrada en vigor de las modificaciones fue repentina, sin tiempo suficiente para adaptarse. También señalan que España penaliza el uso de refrigerantes, mientras que otros países de la UE solo gravan las emisiones reales.
Se cuestiona la coherencia del impuesto con la promoción de bombas de calor, clave para la descarbonización, y con el mantenimiento de la cadena de frío, que ayuda a reducir el desperdicio alimentario.
Incluso, se ignoran las recomendaciones del Libro Blanco para la Reforma Tributaria de 2022, que sugiere armonizar este tipo de impuestos a nivel europeo.
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